Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia mundial en enero pasado diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortaron a los estados a adoptar medidas de descongestionamiento de las cárceles para reducir el riesgo de contagio que implica la aglomeración propia de los espacios penitenciarios. En esos mismos días la OMS-Europa publicó la guía “Preparación, prevención y control del COVID19 en las cárceles y otros lugares de detención”1 En esta guía la OMS señala que el acceso a la información y la provisión adecuada de atención médico, incluidos los trastornos mentales, son aspectos esenciales para preservar los derechos humanos en los centros de reclusión. Sin embargo, a siete meses de declarada la pandemia mundial, la mayoría de los sistemas penitenciarios del continente no tienen protocolos claros para enfrentar el problema sanitario y no se cuenta con la información oficial confiable sobre contagios y letalidad de la pandemia en los centros de detención.
Ante esta situación resulta urgente que la organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en espacios penitenciarios y contra la violencia carcelaria, articulemos esfuerzos para presionar y demandar a nuestros gobiernos a iniciar procesos de excarcelación, emitiendo leyes de amnistía e indultos, donde no se hayan realizado, y ampliando el alcance de los mismos, en los pocos países en donde se han impulsado algunas de estas medidas. Es también el momento ideal para impulsar la sustitución de penas, y los programas de libertad anticipada. Haciendo eco a la campaña #Liberarlas es Justicia2 lanzada por la Red de Mujeres por la Justicia y XJusticia para las Mujeres en México, queremos lanzar una campaña a nivel continental para demandar la liberación de todas las mujeres presas por aborto, embarazadas, con condiciones de salud vulnerables, por delitos de pobreza, como los delitos de drogas, las cuales, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y viven en condiciones de pobreza multidimensional. Demandamos también la liberación de todos los presos y presas políticas, los presos y presas indígenas, que en su mayoría no contaron con apoyo de traductores, las personas mayores de 60 años y aquellas que tengan condiciones de salud que las haga vulnerables ante el COVID.