CATASTRO LATINOAMERICANO

Este catastro es levantado desde organizaciones que trabajan en espacios penitenciarios en América Latina. Surge de la necesidad de conocernos y articular alianzas en medio de la crisis sanitaria que se vive en el continente y que ha afectado de manera profunda la vida de las personas en reclusión. 

La emergencia sanitaria producida por el COVID19 evidenció la crisis de los sistemas penitenciarios del continente, que varias de las organizaciones reunidas en este catastro venimos documentando y denunciando. Las condiciones de hacinamiento, la falta de servicios de salud, el carácter punitivo de los sistemas carcelarios, los largos procesos de prisión preventiva, la falta de medidas alternativas al encarcelamiento, han explotado ante la necesidad urgente de descongestionar las cárceles frente a la pandemia de COVID19.

La emergencia sanitaria producida por el COVID19 evidenció la crisis de los sistemas penitenciarios del continente»

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia mundial en enero pasado diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortaron a los estados a adoptar medidas de descongestionamiento de las cárceles para reducir el riesgo de contagio que implica la aglomeración propia de los espacios penitenciarios. En esos mismos días la OMS-Europa publicó la guía “Preparación, prevención y control del COVID19 en las cárceles y otros lugares de detención”1 En esta guía la OMS señala que el acceso a la información y la provisión adecuada de atención médico, incluidos los trastornos mentales, son aspectos esenciales para preservar los derechos humanos en los centros de reclusión. Sin embargo, a siete meses de declarada la pandemia mundial, la mayoría de los sistemas penitenciarios del continente no tienen protocolos claros para enfrentar el problema sanitario y no se cuenta con la información oficial confiable sobre contagios y letalidad de la pandemia en los centros de detención.

Ante esta situación resulta urgente que la organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en espacios penitenciarios y contra la violencia carcelaria, articulemos esfuerzos para presionar y demandar a nuestros gobiernos a iniciar procesos de excarcelación, emitiendo leyes de amnistía e indultos, donde no se hayan realizado, y ampliando el alcance de los mismos, en los pocos países en donde se han impulsado algunas de estas medidas. Es también el momento ideal para impulsar la sustitución de penas, y los programas de libertad anticipada. Haciendo eco a la campaña #Liberarlas es Justicia2 lanzada por la Red de Mujeres por la Justicia y XJusticia para las Mujeres en México, queremos lanzar una campaña a nivel continental para demandar la liberación de todas las mujeres presas por aborto, embarazadas, con condiciones de salud vulnerables, por delitos de pobreza, como los delitos de drogas, las cuales, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y viven en condiciones de pobreza multidimensional. Demandamos también la liberación de todos los presos y presas políticas, los presos y presas indígenas, que en su mayoría no contaron con apoyo de traductores, las personas mayores de 60 años y aquellas que tengan condiciones de salud que las haga vulnerables ante el COVID.

Las cárceles como sistemas para enfrentar la conflictividad social, son un fracaso y solo han venido a profundizar las violencias y exclusiones, de los ya de por si excluidos»

Como podremos ver en este informe en la mayor parte de los países de América Latina las medidas de excarcelación ante la pandemia han sido mínimas y de poco impacto en el descongestionamiento de las cárceles. Según un informe realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia CELIV y Sociedad de Criminología Latinoamericana sobre “Los Efectos del Coronavirus en las cárceles de América Latina” tres de cada cuatro sistemas penitenciarios en el continente reportan hacinamiento. Siendo esta situación especialmente grave en los países de Centroamérica, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. A partir del análisis de 26 sistemas penitenciarios en América Latina el informe documenta que solo tres de ellos están haciendo esfuerzos serios para descomprimir las cárceles. En dos de cada tres sistemas analizados se presentaron muertes del personal penitenciario por COVID19.

Es un hecho que la pandemia ya entró a las cárceles de América Latina, que no contamos con los datos necesarios para medir la dimensión de su impacto, y que los Estados no están dispuestos a proporcionar esta información. Las redes feministas anti-carcelarias venimos denunciando desde antes de la pandemia que el hacinamiento es una forma de tortura, que las llamadas “guerras contra el narco” han encarcelado de manera desproporcionada a las mujeres y las han hecho rehenes de la estadística, en una lucha que no ha tocado los intereses de las élites que se benefician del mercado de las drogas; que el encarcelar a las mujeres no vuelve a nuestras sociedades lugares más seguros, sino que por el contrario, deja a miles de niños menores de edad en situaciones de vulnerabilidad y en condiciones de ser secuestrados o reclutados por el crimen organizado; que las cárceles tienen color y que son las mujeres y hombres pobres y racializados, quienes no pueden pagar el precio de la justicia, los que habitan las prisiones latinoamericanas. En resumen que las cárceles como sistemas para enfrentar la conflictividad social, son un fracaso y solo han venido a profundizar las violencias y exclusiones, de los ya de por si excluidos.

La pandemia nos está mostrando la profundidad de la crisis de estos sistemas punitivos, por eso desde la Red Anti-carcelaria Latinoamericana, estamos lanzando una campaña continental para la excarcelación de mujeres, e invitamos a todas las organizaciones y colectivos que trabajan en espacios de reclusión a unirse a esta campaña.

Este primer catastro pretende ser un primer directorio de organizaciones que trabajan en espacios de reclusión en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Seguimos trabajando para incluir a organizaciones de todos los países de América Latina, pero esta primera encuesta nos permite hacer un diagnóstico preliminar de los problemas urgentes que se enfrentan en los centros de detención del continente.

Argentina

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Bolivia

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Brasil

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Chile

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Colombia

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El Salvador

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Guatemala

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Guyane

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Honduras

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México

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Perú

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Puerto Rico

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